Saltar navegaci�n

Suma Gestión Tributaria: crónica sumaria

Agosto 2026

Encarna Sánchez Sala

Jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante

Resumen

«Suma Gestión Tributaria» (en adelante, Suma) es un organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante que lleva más de 30 años prestando sus servicios a los ayuntamientos. Durante este periodo ha evolucionado y creado un modelo de gestión tributaria integral, basado en la gestión integral soportada en un aplicativo propio. Desde el principio apostó por la vinculación de la información de distintas bases de datos tributarias, así como la apertura para la colaboración con distintas administraciones públicas y otras entidades. Ha llegado incluso a exportar su modelo fuera de su ámbito territorial y ha participado activamente en los foros y grupos de trabajo organizados a nivel estatal. Todas las actuaciones desarrolladas por este organismo tienen un único objetivo: prestar a los ayuntamientos y a sus ciudadanos un servicio de calidad y una atención especializada.

Palabras clave

Hacienda local, organismo autónomo, colaboración interadministrativa, modelo de gestión tributaria, evolución del servicio, cambios legislativos.

Abstract

«Suma Gestión Tributaria» (hereinafter Suma) is an autonomous body of the Provincial Diputacion of Alicante that has been providing services to municipalities for over 30 years. During this time, it has evolved and created a comprehensive tax management model based on integrated management and supported by its own application. From the beginning, it opted for linking information from different tax databases, as well as being open to collaboration with different public administrations and other entities. It has even exported its model beyond its local area and has actively participated in forums and working groups organized at the national level. All the actions carried out by this organization have a single objective: to provide municipalities and their citizens with a quality service and specialized attention.

Keywords

Local Treasury, autonomous body, interadministrative collaboration, tax management model, evolution of the service, legislative changes.

1.1 ¿Qué es Suma?

He consultado las fuentes oficiales, repasado tesis doctorales, visitado páginas webs y preguntado a la IA qué es Suma y, francamente, las respuestas que obtengo son correctas, descriptivas y contrastables. Sin embargo, para una persona que ha visto nacer y evolucionar nuestra organización, considero que carecen de la «intensidad», la «energía» y las intrahistorias que Suma suscita en aquellos que han sido y somos parte de Suma.

Aprovechando la oportunidad que me brinda la revista TRIBUTUS, intentaré resumir, si ello es posible, algunas de las acciones y momentos más destacables que han configurado la identidad de Suma desde su nacimiento y su evolución hasta la actualidad. Como no podía ser de otra manera, lo plantearé desde lo más profundo de mi experiencia sobre la gestión tributaria.

Empecemos con una respuesta básica a la cuestión de cómo podemos definir Suma: Suma Gestión Tributaria es un organismo autónomo, creado por la Diputación Provincial de Alicante en 1990 a partir del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación con el objetivo de gestionar y recaudar los tributos municipales de los ayuntamientos de la Provincia de Alicante.

La nueva configuración de la hacienda local diseñada por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales motivó que en 1991 se incorporara a este Servicio la sección de Gestión de Tributos Locales, para dar soporte a los ayuntamientos en la entrada en tributación del Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Esta administración pública local desarrolla el ejercicio de las competencias en la aplicación de los tributos y la gestión de ingresos por delegación de los ayuntamientos de la provincia de Alicante y de otras administraciones locales.

Los órganos de gobierno de Suma son el Consejo Rector, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. El Consejo Rector está integrado por un Presidente/a que es el/la de la Diputación y un número de vocales entre 7 y 11, más el/la Director/a de Suma.

Conforme a los estatutos de Suma, el/la director/a es nombrado por el presidente/a de la Diputación y es el órgano de Dirección. El secretario/a Delegado/a es asesor legal del Consejo y el/la Interventor/a Delegado/a, responsable de fiscalización. Además del Consejo Rector, existe un órgano de consulta denominado Consejo de alcaldes, que asegura la participación de los Ayuntamientos delegantes en la estrategia de Suma.

Han ostentado el cargo de presidente de Suma:

  • Ilmo. Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastor (1993-1995).
  • Ilmo. Sr. D. Julio de España Moya (1995-2003).
  • Ilmo. Sr. D. José Joaquín Ripoll Serrano (2003-2011).
  • Ilma. Sra. Dª. Luisa Pastor Lillo (2011-2015).
  • Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez (2015-2019).
  • Ilmo. Sr. D. Carlos Mazón Guixot (2019-2023).
  • Ilmo. Sr. D. Antonio Pérez Pérez (2023- ).

Han ostentado el cargo de director/a de Suma:

  • Fernando Plaza González (1993 - 1998).
  • José Francisco Trigueros Sellés (1998 - 2007).
  • José López Garrido (2007 - 2011).
  • Manuel De Juan Navarro (2011 - 2015).
  • Encarnación Sánchez Sala (2015 - marzo 2016).
  • José Manuel Bonilla Gavilanes (marzo 2016 - octubre 2019).
  • Encarnación Sánchez Sala (noviembre 2019 - marzo 2021).
  • José Antonio Belso Martínez (abril 2021 - Actualidad).

1.2 ¿Qué es Suma Gestión integral de tributos?

Suma lleva a cabo la gestión tributaría y la recaudación voluntaria y ejecutiva de los impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público de los municipios de la provincia de Alicante. Desde sus inicios destaca su labor en la inspección tributaria, que abarca desde el Impuesto sobre Actividades económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcción Instalaciones y Obras, Tasa del 1,5, Tasa de Residuos urbanos. También es relevante la importancia de la delegación de los ayuntamientos de la gestión de otros ingresos municipales.

Su ámbito de actuación en gestión tributaria e inspección comprende:

  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
  • Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
  • Impuesto sobre Vehículos (IVTM).
  • Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
  • Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO).
  • Tasas y otros ingresos de derecho público propios del municipio (Tasa de recogida de Basuras, Alcantarillado, Vados, etcétera…).
  • Sanciones de Tráfico, Sanciones Administrativas.
  • Canon de Saneamiento de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  • Ingresos de derecho público de las Comunidades de Usuarios del Agua.

2.1 El antiguo Servicio de Recaudación Provincial

Los antecedentes de Suma son los antiguos servicios de recaudación. Para ser más exactos de la desaparición de los «servicios» municipales de recaudación gestionados por recaudadores privados, que dejan de tener encaje en la nueva estructura constitucional de la administración pública.

Con la configuración constitucional de la administración pública, aparece un nuevo actor, la administración autonómica, por lo que la materialización del mandato constitucional de dotar a los municipios de autonomía y suficiencia financiera queda postergada por la urgencia de diseñar y crear toda una estructura jurídica que diera soporte a la ejecución de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Había que empezar la construcción desde los cimientos, y los legisladores se volcaron en la aprobación de los estatutos de autonomía, así como de dotar a las Comunidades Autónomas de un cuerpo jurídico e infraestructuras para el levantar el armazón sobre el que se sostendría la joven administración autonómica. Por ello, hasta finales de los años 80 del pasado siglo, las entidades locales viven una compleja transición hacia el nuevo marco competencial, sobre todo en materia de tributación local, que es el caso que nos ocupa.

La Constitución de 1978 hace que los ayuntamientos adquieran la tan ansiada autonomía y suficiencia financiera respecto de la administración general del Estado, pero por los motivos expuestos, se retrasa el desarrollo de las nuevas figuras de los tributos locales, apenas dibujada en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. Hasta la aprobación de la Ley de Bases en 1985, la recaudación municipal se basaba en un modelo dual:

  1. La Administración estatal o la Diputación, en caso de existencia de Encomienda, recaudaba a los ayuntamientos los tributos que generaban mayores ingresos y complejidad en la gestión, como la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial Urbana, las licencias Fiscales de Profesionales y Artistas y de Actividades Comerciales o Industriales.
  2. Los Ayuntamientos recaudaban el resto de los conceptos tributarios locales: Impuesto de Circulación de Vehículos, Plusvalía, Multas, Tasas sobre los más variados conceptos, etc. mediante recaudadores privados.

En la Diputación Provincial de Alicante este modelo fue analizado en profundidad y se puso de manifiesto una serie de deficiencias que requerían ser subsanadas para la correcta implantación de la gestión tributaria del nuevo modelo constitucional. Entre las deficiencias reseñables podemos indicar la arcaica concepción del sistema tributario, la rigidez organizativa municipal que se trasladaba al proceso de la gestión, la diversidad municipal e infra municipalismo o los insuficientes sistemas de comunicación, intra y extra organizativos.

Y yo añadiría a esta relación la ausencia de herramientas informáticas diseñadas desde la propia administración tributaria local que respondiesen a las verdaderas necesidades de la gestión tributaria. Este elemento fue esencial para hacer despegar el concepto de gestión tributaria integral, y otorgar el papel relevante que cobrarían en este nuevo escenario la gestión tributaria, abandonando de una vez por todas la percepción de los gestores como meros «ventanilleros».

2.2 Ley Reguladora de las Haciendas Locales (39/1988)

El gran cambio llegó con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (39/1988) que no solo creó nuevas figuras tributarias locales que respondían al mandato constitucional, sino que atribuye la gestión de las mismas a las entidades locales, con lo que ello conlleva para una administración históricamente considerada como «menor».

Este escenario común a todos los municipios puso en evidencia una realidad difícilmente soslayable, y es que los ayuntamientos no disponían de suficientes medios personales, conocimientos técnicos y herramientas tecnológicas para cumplir en óptimas condiciones y con garantías mínimas de éxito, con la implantación de un sistema completo de gestión y recaudación de tributos locales de nueva configuración en los plazos marcados por la «novedosa» Ley Reguladora de las Haciendas Locales 39/1988.

Cada territorio buscó una solución adecuada a sus circunstancias, y en el caso de la provincia de Alicante, la Diputación tomó la iniciativa de crear un Servicio de Recaudación para dar soporte a los municipios pequeños y medianos que lo requiriesen. Así, en la década de los 80 la recaudación de los tributos locales pasó de ser realizada por «recaudadores» privados que tenían contratados los ayuntamientos, a ser llevada por funcionarios de Hacienda o de la Diputación que se integraron en el Servicio Provincial de Recaudación. La propia Diputación adquiere nuevas competencias propias para el desarrollo de la cooperación, asesoramiento y apoyo en temas económicos y municipales. Concretamente, en la gestión tributaria, recaudatoria e inspector: la mejora de los sistemas tributarios, los estudios económicos-financieros, el apoyo jurídico en la elaboración de ordenanzas fiscales, soporte técnico y tecnológico para la prestación de servicios municipales.

En este periodo y para una mejor organización de este servicio, la provincia fue dividida en ocho Zonas de Recaudación, que respondían a criterios de proximidad geográfica y al volumen de delegaciones de recaudación y gestión en dicho servicio. Lo que se planteó en origen como un servicio para pequeños y medianos municipios, se trasladó inmediatamente a todos los municipios de la provincia, con independencia de su tamaño y capacidad para afrontar este reto.

El funcionamiento del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Alicante se puede resumir en los siguientes procesos:

  • El Servicio Provincial en un primer momento intermediaba en la recogida y entrega de documentación de carácter tributario entre los ayuntamientos y los recaudadores.
  • Los padrones se generaban por la administración general del estado y se emitían recibos de la Contribución Territorial Urbana, Rústica y Pecuaria y de las «licencias fiscales». Ante la falta de medios propios adecuados, los recibos y demás documentos de pago, se imprimían en las delegaciones de Hacienda, signo de total dependencia instrumental respecto de la administración general del Estado.
  • Una vez recibidos en el Servicio de Recaudación, los documentos de pago eran separados uno a uno manualmente por los trabajadores del servicio, posteriormente se agrupaban por municipio, y ordenaban alfabéticamente por apellido de los contribuyentes. Eran «archivados» en cajones de madera o de cartón, dependiendo de los medios disponibles, para facilitar su localización y entregar a los contribuyentes que acudían a la oficina de Recaudación correspondiente a retirar su recibo y proceder al pago del tributo.
  • Finalizado el periodo de cobranza de los recibos en voluntaria, el recaudador de cada zona elaboraba un listado de deudores a los cuales se aplicaba el 20% de recargo sobre la deuda principal. En aquellos tiempos este trabajo se realizaba a partir de recuentos manuales, y llevaba meses hasta confeccionar una relación definitiva de deudores.

3.1 Periodo de 1988 a 1992

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, cambia el modelo de gestión y establece la posibilidad de delegación de competencias de gestión y recaudación de tributos locales en entes locales de ámbito supramunicipal, como las Diputaciones Provinciales. En aplicación de esta Ley y reforzando los medios disponibles en el Servicio de Recaudación de la Diputación de Alicante, en 1988 desaparece la figura del «recaudador de zona» y la Diputación ofrece asumir estas competencias para todos los municipios de la Provincia.

Durante el periodo de 1988 a 1992 se produce la gran evolución hacia el modelo Suma de gestión. Estos fueron años de gran actividad, tanto para dotar de infraestructuras, personal, tecnología, herramientas informáticas y oficinas de atención al público ubicadas cerca de los ciudadanos, como de actuaciones encaminadas a generar confianza en los ayuntamientos respecto de la viabilidad y los resultados positivos del nuevo organismo autónomo de la Diputación. También en este periodo se incorporan al modelo de Gestión del Organismo los primeros grandes ayuntamientos.

En octubre de 1988 se realizó por el Organismo Autónomo la primera emisión masiva de recibos desde un ordenador central y se imprimieron 1,2 millones de recibos. Y también, por primera vez, se enviaron por correo postal los recibos a los contribuyentes, y si estaban domiciliados se remitían a las entidades bancarias. Esta fue la primera emisión automatizada de recibos de la historia de Suma.

También se abren al público las primeras oficinas de atención a los contribuyentes, 8 oficinas permanentes y se inicia el servicio de itinerancia, para dar cobertura a los ciudadanos de todos los municipios delegantes en sus propios ayuntamientos.

En 1990 la Diputación crea el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Alicante (en adelante, OAGPT) con las premisas de consenso político, especialización, suficiencia económica y tamaño adecuado.

Con la entrada en vigor del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 1991, la necesidad de adoptar una serie de medidas para asumir competencias y cargas de trabajo que históricamente eran realizadas por los «Consorcios», antecedentes de las Gerencias Territoriales de Catastro, se convierte en una urgencia.

El primer año de la gestión y recaudación del IBI básicamente se trató de replicar la información trasladada desde los padrones de la Contribución Territorial Urbana y Rústica, y del extinto Impuesto sobre Solares al padrón de 1991 y generar el primer padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La legislación tributaria local, previendo las dificultades de los ayuntamientos para dar este paso, dio cobertura al manteniendo de los valores catastrales utilizados para calcular la base imponible de la Contribución de 1990 como base imponible para el IBI 1991. Lo cual facilitó la transición al IBI en la parte operativa.

Dado el mayor conocimiento del territorio y de la evolución urbanística de los municipios, el contraste entre la información remitida en los padrones y la realidad jurídica y física de los inmuebles mostró la gran desactualización de la información que estos presentaban. Con el objetivo de actualizar la información y mejorar los resultados de la recaudación tanto voluntaria como ejecutiva del IBI y del IAE se diseña una serie de líneas de actuación desde la dirección el OAGPT.

Una de las estrategias de expansión del Organismo Autónomo era ampliar el ámbito de actuación en el proceso de la incorporación a tributación de los correspondientes hechos imponibles. En esta línea de actuación, durante el año 1991 se inician las negociaciones con la Dirección General del Catastro para suscribir convenios de colaboración en la gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Y simultáneamente, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la gestión censal e inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.

3.2 El año 1992: el IBI y la colaboración con la Dirección General del Catastro

Como hito destacable del impulso que la Diputación dio al Organismo Autónomo fue la firma del convenio con Catastro el 16 de marzo de 1992. Este es el primer convenio de una Diputación provincial con la Dirección General del Catastro (en adelante, DGC) para llevar a cabo la tramitación de alteraciones de titulares catastrales en el Impuesto sobre Bienes inmuebles en régimen de delegación de funciones.

Dicho Convenio se firmó al amparo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (RCL 1998/2607 y RCL 1989/185L) reguladora de las Haciendas Locales. En su artículo 78.1 y disposición adicional cuarta, establecía que la formación, conservación, renovación y revisión del Catastro, así como la formación del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son competencia del Estado y se ejercen por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los Convenios de colaboración que se celebren con las Entidades locales.

Asimismo, el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre sobre colaboración de las Administraciones públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, desarrollaba, entre otras cuestiones, la colaboración en la gestión del Catastro entre la Administración del Estado y las Entidades locales y fijaba el marco al que debían sujetarse los convenios que, sobre esta materia, se suscribieron, así como el régimen jurídico específico de los mismos.

El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre por el que se desarrollaba el artículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, establecía que se consideran alteraciones catastrales de orden jurídico concernientes a los bienes inmuebles, entre otras, las transmisiones de titularidad de las mismas.

En este momento se delegan en este organismo las funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico —transmisiones de dominio— que se produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de los municipios de la provincia de Alicante que tienen delegada en el Organismo Autónomo la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La colaboración objeto de este Convenio se desarrollaría en régimen de delegación de funciones y comprendía todos los actos administrativos relacionados con la gestión catastral.

El planteamiento del Organismo Autónomo para afrontar estas nuevas tareas fue innovador, ya que se asumió la descentralización de las tareas de tramitación de expedientes de gestión catastral y tributaria, llevándola a las oficinas tributarias dispersas por el territorio provincial. De esta forma se ofrecía al ciudadano y a los ayuntamientos atención presencial y especializada de apoyo y asesoramiento en temas catastrales, mejorando el servicio y la comprensión de la doble naturaleza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Para desarrollar este planteamiento se generó en 1991, dentro de la estructura territorial, una sección dedicada exclusivamente a la gestión tributaria, diferenciada del Área de Recaudación Tributaria. En principio, se asignó una persona por cada zona. Este personal fue formado en materia de gestión tributaria y catastral del IBI, así como en procedimientos administrativos, resolución de recursos y tramitación de propuestas de resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Al tiempo, se dotó a la oficina Central de técnicos especialistas en la materia que se encargaron del diseño e impartición de la formación tributaria y de preparar especificaciones técnicas para el desarrollo de un aplicativo informático propio que cubriese las necesidades de gestión tributaria. No olvidemos que hasta el momento solo se gestionaban expedientes de recaudación.

Esta colaboración fructífera entre ambas administraciones ha dado excelentes resultados, por este motivo se amplió el convenio de colaboración entre la DGC y la Diputación—Suma el 4 de febrero de 1997. En régimen de encomienda de gestión, se atribuyeron a la Diputación las funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico, relativos a bienes inmuebles urbanos, formalizadas en el modelo declarativo aprobado por Orden ministerial.

Para ilustrar esta excelente colaboración, al amparo de las cláusulas y competencias derivadas del convenio suscrito con la DGC en 1992, ampliado en 1997, Suma tramitó en 20 años más de 1.335.000 expedientes de declarativos por cambio de titularidad catastral. En 10 años Suma tramitó más de 67.000 expedientes de alteración catastral que han supuesto la incorporación a tributación o la modificación del valor catastral de 458.000 unidades urbanas.

Desde 1992 Suma ha colaborado con la DGC realizando tareas de apoyo en diversas fases de los Procedimientos de Valoración Colectiva y Procedimientos de Regularización Catastral en los municipios de la provincia, tales como apoyo a los ayuntamientos en el diseño de cronogramas para el seguimiento de las distintas fases de ejecución del procedimiento de valoración en las que su intervención es determinante, la aportación de documentación a los expedientes de alteraciones catastrales y la atención al público con personal propio en las oficinas de Suma durante el periodo de notificación de los nuevos valores catastrales resultantes de las Ponencias.

En esta línea de actuaciones. Suma suministra información relevante para el mantenimiento de la Base de datos de Catastro mediante el apoyo directo a los ayuntamientos en el procedimiento de comunicación y la actualización del Mapa de Gestión.

Se culmina el proceso con la firma de los convenios de colaboración entre la Dirección General de Catastro y la Diputación Provincial de Alicante y con Suma (BOE de 26/06/2024) en materia de gestión catastral, en régimen de delegación de competencias y de encomienda de gestión.

3.3 1992: los inicios del IAE y su inspección

En el año 1992, paralelamente a las gestiones con la DGC, se llevan a cabo negociaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la gestión censal e inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.

En junio de 1992 se incorpora un funcionario procedente de la delegación de Hacienda de Alicante al OAPGT para poner en funcionamiento la inspección del IAE. Sin embargo, antes de iniciar la labor inspectora, era imprescindible poner en marcha la gestión del impuesto sobre Actividades Económicas.

En ese momento, el único trabajo previo consistía en un listado en papel continuo con la información facilitada por la AEAT: nombre del contribuyente, NIF, cuota de tarifa, epígrafe y algunos elementos tributarios.

Durante el mes de junio se asignó como apoyo un informático del Organismo, responsable de la programación en «DBase» utilizada internamente.

En julio comienzan las gestiones necesarias para emitir las primeras liquidaciones del IAE. Entre ellas, la coordinación con los ayuntamientos para la aprobación de sus ordenanzas fiscales (coeficientes de incremento, callejeros e índices de situación) y la carga de dicha información en el sistema.

En agosto, se sigue preparando la infraestructura necesaria para la implantación de la gestión e inspección con el diseño y contratación de modelos, así como el inicio de los cálculos. Para la programación final se incorporó otro informático de apoyo. A finales de ese mes se comenzaron a emitir las primeras liquidaciones del IAE.

Durante 1993 se pusieron al cobro tanto las liquidaciones por altas trimestrales como la matrícula del impuesto, sin grandes problemas. Ese mismo año comenzaron también los primeros pasos, aún titubeantes, de la inspección en el municipio de Jijona, con el objetivo de definir modelos y criterios de actuación. Toda la documentación de la inspección era elaborada por el personal del departamento mientras avanzaba el desarrollo de la aplicación GESTA (programándola en DBase1), que se utilizaba únicamente para la carga de cartas de pago, al menos hasta 1997.

A partir de 1994, la inspección fue progresivamente profesionalizándose, iniciándose revisiones sistemáticas de polígonos industriales, que siempre eran iniciadas mediante personación de los inspectores, en las empresas para conocer directamente la situación de estas.

En la actualidad el trabajo de la inspección tributaria de Suma es ampliamente reconocida y demandada por los ayuntamientos de la provincia. La experiencia de Suma en inspección suscita gran interés en otros Organismos Autónomos similares y grandes municipios y son frecuentes los encuentros para compartir conocimientos.

3.4 1992-1993: Los comienzos de la gestión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es uno de los tributos locales que históricamente generan una carga de trabajo importante para depurar la información de partida. La Jefatura Provincial de Tráfico y la Diputación de Alicante han mantenido una fluida relación que ha permitido a Suma mejorar continuamente sus resultados. Pero sus inicios fueron complejos.

En 1993 Suma tramitó una petición para disponer de un soporte informático con el censo de los vehículos de la provincia de Alicante a la Dirección General de Tráfico (en adelante, DGT). En febrero de 1994, tras comprobar las discrepancias entre el contenido del soporte y la información que se obtenía a partir de los informativos emitidos a través de la conexión informática, se descartó el tratamiento masivo de este tipo de soporte.

En 1994 se optó por implantar una conexión informática mediante una línea X-25 al ordenador de la DGT. Esto fue posible debido a que en diciembre de 1993 se hizo uso de una autorización previa que la DGT había concedido a la Diputación para establecer una conexión informática con base en el acuerdo firmado entre la DGT y la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) el 11 de junio de 1986.

En 1994 Suma contaba con la delegación de competencias en la recaudación en voluntaria y ejecutiva de 119 municipios de Alicante. y en 105 municipios la gestión por alta en el IVTM.

En 1997 Suma participó en un grupo de trabajo para la actualización y mantenimiento del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En este foro Suma propuso determinadas mejoras en la información que la Jefatura Provincial de Tráfico remitía a las entidades gestoras del tributo, como que, por ejemplo, el domicilio del permiso de circulación debía coincidir con el municipio de empadronamientos, el establecimiento como norma expresa de la obligación de declarar el cambio de domicilio, la regulación en cuanto a las tarifas del impuesto (aplicar un único coeficiente y no varios), clarificar cómo debía tributar un vehículo mixto adaptable (camión o vehículo) y la regulación y cobro de los ciclomotores. Estas propuestas fueron presentadas por la FEMP.

En 1998 Suma y el Colegio de Gestores Administrativos de la provincia de Alicante firman un acuerdo para agilizar el trámite del pago previo a la matriculación del vehículo que se realizaría mediante la entrega en soporte informático de los datos técnicos del vehículo, de los datos fiscales de sus titulares y con el cálculo del IVTM.

Desde estos inicios hemos avanzado hasta el punto de que en 2026 se ha logrado que la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante ha aceptado la propuesta de Suma para tramitar las bajas de oficio de vehículos, al amparo del artículo 35.5 del Reglamento General de Vehículos, mediante un procedimiento más ágil que permitirá el procesamiento masivo de datas propuestas por Suma, con lo que ello supone de mejora de los datos del padrón.

1993: el año de la transformación. La marca Suma y el nuevo modelo de funcionamiento del organismo

En 1993, el Organismo Autónomo se encuentra en plena transformación como organización. Dentro del sector público, en aquellos tiempos resulta novedosa la idea de creación de una nueva imagen corporativa que diera soporte a los cambios planificados para los siguientes años.

La nueva imagen de marca fue presentada el 12 de febrero de 1993. Se optó por un concepto simple, pero integrador: «Suma». La nueva denominación estaba unida a la apuesta por un conjunto de valores de servicio alejados de los clichés de la Administración: liderazgo, trabajo en equipo, objetivos y resultados, pedagogía respecto a la necesidad de los impuestos locales, eficiencia en la gestión diaria, modernidad, etc. En el cambio fue clave el compromiso del personal del organismo con esta nueva forma de trabajar.

En 1993 también se aprobó la reforma de los Estatutos de Suma en las líneas de liderazgo, flexibilidad, imagen corporativa y consenso político.

4.1 El nuevo modelo de funcionamiento: los tres ejes

El modelo de Suma se sustenta en tres ejes de actuación: Organizativo, Personal y Tecnológico. El esquema se completaba con la vinculación con contribuyentes, ayuntamientos y otras organizaciones.

El eje Organizativo

El eje organizativo se centraba en la mejora de los procedimientos y en situar al ciudadano en el centro de atención. En los primeros años se trabajó en la simplificación, normalización, documentación de procedimientos y en la mejora de la calidad de los datos.

El eje Personal

El eje Personal potenció la formación continua para el desarrollo de competencias y capacidad profesional. Los temas tributarios y de uso de herramientas ofimáticas eran impartidos con recursos propios.

Una característica de Suma ha sido la combinación de personal funcionario de la Diputación con personal laboral del propio organismo formado específicamente en materia tributaria.

Así como la retribución por rendimiento o resultados y el acceso a un Plan de Formación específico diferenciado del Plan de la Diputación en el que los cursos son mayoritariamente impartidos y elaborados por profesorado de la propia organización con un elevado contenido práctico.

El eje Tecnológico

El aplicativo propio «Gesta» ha constituido el gran repositorio no solo de datos sino de conocimiento de Suma en temas tributarios. La fuerte inversión en tecnología ha permitido acompasar la oferta de nuevos servicios con la demanda creciente de los ciudadanos.

4.2 La Dirección por Objetivos

La Dirección por Objetivos fue introducida progresivamente, siendo 1999 el primer año en el que todo el personal de Suma estaba incluido en el sistema. El grado de cumplimiento de los objetivos anuales o semestrales tenían siempre asociado un incentivo en función de los resultados.

Este es un periodo de intensa actividad del organismo, unido al fuerte incremento en la plantilla que se forma continuamente y especializa en temas tributarios, utiliza la tecnología como herramienta indispensable en los complejos y laboriosos procedimientos tributarios, que crece en número de delegaciones por parte de los ayuntamientos y amplía su ámbito de actuación territorial abriendo nuevas oficinas hasta cubrir con una red de más de 40 oficinas el territorio provincial.

Pero no solo evoluciona la estructura, sino que se produce un considerable aumento de la demanda del servicio que ofrece Suma. Entre 1990 y 1993 son ya 132 los ayuntamientos que tienen delegados tributos en Suma.

En consonancia con la estrategia planteada se apuesta por potenciar nuevas formas de realizar la gestión tributaria, que dirigen sus esfuerzos a conseguir la mejora en los datos de los contribuyentes: actuaciones específicas de depuración continua de los datos procedentes de los padrones, mejorando los identificadores y realizando trabajos de campo para la localización de titulares no conocidos.

Se consolida la gestión tributaria como un pilar fundamental de la organización, buscando la simplificación de procesos, la interrelación de bases de datos, automatización de procesos, aumentando las funciones delegadas y colaborando con otras administraciones y con distintos departamentos de los ayuntamientos delegantes para la mejora continua de la información y la apertura de canales de comunicación entre Suma y sus ayuntamientos.

1996: ampliación del modelo de gestión dentro de la provincia. La gestión integral de tributos inmobiliarios. Nuevas herramientas y oficinas catastrales

En 1996 se inician las negociaciones para la ampliación del Convenio de Colaboración con Catastro. Esta ampliación estaba justificada por la necesidad de dar un servicio adaptado a las características de cada municipio en relación con su desarrollo inmobiliario y los ingresos por tributos con base inmobiliaria. La provincia de Alicante, con sus municipios costeros e industriales, presentaba un fuerte desarrollo urbanístico y un ritmo vertiginoso de construcción de inmuebles, segundas residencias, macro urbanizaciones, hoteles y locales destinados al ocio, actividades deportivas como campos de golf, etc. La velocidad de crecimiento de la planta inmobiliaria era tal que la Gerencia Territorial encontraba serias dificultades para incorporar a tributación en padrón anual las altas y nuevas incorporaciones de suelo urbano, por lo que se acumulaban los ejercicios sin liquidar en el IBI.

Desde Suma, se diseñó un plan de choque: partiendo de la ampliación de la colaboración con Catastro para la tramitación de expedientes de alteraciones físicas (ampliación del Convenio de 1997), se forma personal en la tramitación de alteraciones catastrales en todas las oficinas tributarias, incorporando delineantes y especialistas en GIS al Departamento de Gestión Tributaria. Se abren oficinas de atención Catastral, la primera de ellas en Torrevieja. Desarrollamos las opciones de tramitación de expedientes de Gestión Catastral en el Menú del aplicativo propio GESTA, al que se incorpora la información gráfica (cartografía Catastral y ortofotos), fotografías de todas las fachadas de las construcciones y solares obtenidas a partir de trabajos de campo, y se vinculan mediante la referencia catastral a los valores del IBI.

Conseguida la vinculación entre Bases de datos tributarias y catastrales se presentó a los ayuntamientos una propuesta de colaboración para agilizar la incorporación al padrón de las altas y variaciones. Esta colaboración consistía en facilitar el intercambio de información entre Suma y los departamentos de Urbanismo, Licencias municipales, etc. para incluir la referencia catastral en todos sus documentos y trasladar copia de estos a Suma para comprobar si existía declarativo de alteración catastral pendiente de tramitación.

Este trabajo que inicialmente se realizaba de forma artesanal se vio potenciado con la creación de una herramienta propia diseñada para tal fin, «el Omisor», que usaba ortofotos, cartografía catastral y otras de distinta procedencia. A partir de cruces de información gráfica con alfanumérica generaba un listado de omisiones, tanto de obras nuevas como de ampliaciones y lo volcaba a un «mapa de incidencias», generando una ficha individual por cada incidencia detectada y remitiéndola inmediatamente a la oficina tributaria de Suma del municipio en que se ubicaba el inmueble. A partir de estas relaciones y fichas con apoyo de los técnicos de los ayuntamientos se completaba la documentación necesaria y se trasladaba la información al Catastro. En realidad, se trata de un antecedente rudimentario del actual Mapa de Gestión.

El impacto de estas actuaciones llevadas a cabo en la mayoría de los municipios de Alicante se puso de manifiesto en 2011, cuando los Procedimientos de Regularización Catastral implantados por la Dirección General de Catastro mostraron que el nivel de desactualización de la información catastral y tributaria en los municipios del ámbito de actuación de Suma era inferior a la media.

La Diputación de Alicante siempre ha mantenido una actitud proactiva para asegurar una financiación adecuada de los ayuntamientos, y se ha volcado con Suma en estos proyectos, pues en los últimos 35 años la población censada de la provincia de Alicante ha aumentado en un 50%, como también lo ha hecho la construcción de inmuebles, lo que ha supuesto la necesidad de incrementar los servicios municipales. La correcta financiación de este fenómeno ha sido soportada en buena parte por la celeridad de los trabajos de gestión y recaudación de los impuestos y tasas locales a través de Suma.

El éxito de estas experiencias hizo que se plantease la posibilidad de extender este modelo de colaboración a otros ámbitos y territorios y el plan Estratégico 2022 permitió extender esta estrategia.

De los últimos años de la década de los 90 y principios de los 2000, cabe destacar la activa participación de Suma en diversos grupos de Trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias para reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La relación se inicia en los primeros años de Suma. En este periodo directivos y técnicos de distintos organismos autónomos y grandes ayuntamientos comienzan a colaborar con la FEMP en las propuestas de reforma de la legislación local, sobre todo en temas tributarios. El conocimiento de la problemática real de la aplicación de la normativa nacida a finales de los 80 del siglo pasado, llevo a la FEMP a contar con un nutrido grupo de colaboradores que aportaron su experiencia y prepararon propuestas de solución a los problemas y carencias puestas de manifiesto en el día a día de las entidades locales.

En 1997 se presentan propuestas a la FEMP del grupo de trabajo para la actualización y mantenimiento de los padrones del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Suma participó en el grupo de trabajo para la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas cuando se planteó la cuestión de su eliminación o reformulación.

Con la Dirección General del Catastro se llevó a cabo un intenso trabajo de revisión de la dispersa normativa catastral, la mejora de los convenios de colaboración con las entidades locales, facilitar el intercambio de información catastral para el mantenimiento actualizado del IBI y la reducción la problemática de los Procedimientos de Valoración Colectiva. La mayoría de las propuestas planteadas tomaron cuerpo con la aprobación de la Ley del Catastro Inmobiliario (RD Legis. 1/2004) y la Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD Legis. 2/2004), y posterior RD 417/2006 Reglamento de Desarrollo TRLCI.

Esta relación y el intercambio de conocimientos llevaron a Suma a organizar anualmente Foros y Jornadas con temática tributaria local, que con el tiempo se extendieron al ámbito nacional. En estos foros, y tras una reunión de gerentes y directores del Organismo autónomos de Gestión Tributaria Local y representantes de algunos grandes ayuntamientos, en el año 2015, nació el germen del actual Foro ÁGORA, que se ha celebrado en 2016 por la Diputación de Badajoz, en 2017 por la Diputación de Cádiz, en 2018 por el Cabildo de Lanzarote, en 2024 por Suma Gestión Tributaria Alicante y en 2025 por ORGT Diputación de Barcelona.

Actualmente el Foro ÁGORA es un entorno de trabajo online, diseñado para impulsar y mejorar la comunicación, la colaboración y el intercambio de conocimiento gracias a la plataforma «Interacta». En esta plataforma se comparten ideas y propuestas por parte de todos los integrantes de ÁGORA, que trabajan en las Mesas especializadas en las materias y ámbito funcional que se corresponden con las cuatro Mesas permanentes de trabajo:

  • Mesa de Estrategia y Dirección.
  • Mesa de Gestión e Inspección Tributaria y Catastral.
  • Mesa de Recaudación.
  • Mesa de Nuevas Tecnologías.

2002: ampliación de la colaboración entre administraciones tributarias y del modelo de gestión fuera de la provincia

La Dirección de Suma, en el Plan Estratégico del 2002, se planteó entre otros objetivos extender sus actuaciones más allá de la provincia de Alicante porque la actividad de Suma ya era conocida en todo el territorio nacional y otras Administraciones manifestaron su interés en profundizar en la experiencia y en el modelo de gestión tributaria de Suma.

Además, los sistemas de información de la Administración Tributaria suponen un elevado coste por la adquisición de equipos y programas que requieren una mejora continua para adaptarse a los cambios legales y tecnológicos. Ante la necesidad de un cambio, provocado por tener que asumir directamente todas las fases de la gestión tributaria, se valoraba como una opción positiva la vía de colaboración con Suma.

Suma se preparó para afrontar esta nueva colaboración con varias acciones: Ampliando sus fines recogidos en los Estatutos (artículo 1º 2.c) y creando en su estructura la «Unidad de Proyectos y Diversificación» para materializar los trabajos de colaboración con otras Administraciones locales de otras provincias. Durante el 2004 se produjeron los primeros encuentros con representantes del Organismo Autónomo Local de Gestión de Ingresos Públicos (OALGIP) del Ayuntamiento de Majadahonda, de la Comunidad de Madrid. Se realizó un análisis de la situación del Organismo de Majadahonda y su resultado fue contrastado con el modelo organizativo e informático de Suma. Del estudio realizado se concluyó que la colaboración entre ambas Administraciones mejoraría su servicio y optimizaría esfuerzos y beneficios, destacando la economía de escala por la utilización del mismo sistema informático.

Suma dispone de un sistema informático que sostiene su actividad en la provincia de Alicante y el OALGIP precisaba de un sistema de información para el desarrollo de sus funciones. Ambas Administraciones iniciaron la colaboración en el 2005, firmándose el 1 de febrero un Convenio para tal fin.

El objeto del convenio es la utilización por parte del OALGIP del sistema de información implementado por Suma para la gestión y recaudación de los ingresos de Derecho Público así como las tareas de colaboración necesarias para su utilización. La puesta en común de experiencias, procedimientos y el desarrollo informático en la aplicación de los tributos para una mayor efectividad en el ámbito de ambas Administraciones así como el intercambio de personal y la colaboración en actividades formativas.

La utilización de dicho aplicativo tributario implica, al mismo tiempo, la implantación de un modelo de organización que tiene como clave la GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL, que considera al contribuyente como el centro de la actividad tributaria.

Suma realizó la adaptación técnica del aplicativo tributario a las particularidades de Majadahonda, incorporando nuevas funcionalidades como la integración del sistema de contabilidad pública del Ayuntamiento con el sistema de recaudación.

Los procesos masivos propios de la explotación del OALGIP se realizaban por Suma centralizadamente lo que suponía un ahorro de costes importante al utilizar las economías de escala. Algunos ejemplos son: emisiones de voluntaria, emisiones de notificaciones del procedimiento ejecutivo, digitalización de los acuses de recibo o sistema Sicer.

A partir de esta colaboración con el OALGIP Suma ha tenido la ocasión de comprobar que su modelo organizativo es aplicable a otras administraciones tributarias como en 2006 VALORA Organismo Autónomo del Cabildo de Gran Canaria, con las competencias delegadas de 17 ayuntamientos. El organismo tributario de la Diputación de Albacete GESTALBA tiene suscrito un acuerdo de colaboración interadministrativo con Suma Gestión Tributaria desde el año 2012. En mayo del año 2023, Suma y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) firmaron un convenio de colaboración interadministrativa en materia de aplicación de ingresos de derecho público. Por último, en julio del año 2025, Suma y el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) firmaron un convenio de colaboración interadministrativa en materia de aplicación de ingresos de derecho público locales.

2003: Sistema integrado de gestión de sanciones municipales. Modelo de gestión

En 2003 Suma incorpora a sus actividades la Gestión de Sanciones municipales ante la demanda de los ayuntamientos para la colaboración de Suma en la gestión y recaudación de las Sanciones. Esta demanda venia motivada por problemas como el colapso de las Unidades municipales de Sanciones, su acceso limitado a la información, la incidencia económica derivada de la elevada prescripción y caducidad de los expedientes, la desactualización de las ordenanzas municipales así como el incremento de la litigiosidad provocada por las empresas «quita multas».

El modelo de gestión utilizado para la gestión de las sanciones administrativas, incluidas las de Tráfico, es el modelo de Delegación y Encomienda de Gestión en la Diputación de Alicante de las facultades en materia de gestión y recaudación de las sanciones administrativas. Entre los primeros municipios en implantar este modelo se encuentran Elche y Orihuela.

Esta actuación está amparada por los artículos 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para las competencias municipales que se relacionan a continuación, relativas a la gestión y recaudación de Sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas municipales y normativa legal aplicable.

Suma, según la delegación y encomienda de gestión, tramitaría las sanciones recogidas en las Ordenanzas municipales de ingresos de derecho no tributario reflejadas en el convenio de delegación. Se ofrecen los medios tecnológicos, el soporte digital y las herramientas que permiten a los agentes municipales y responsables de las sanciones la optimización de su actividad.

El procedimiento consiste en que el ayuntamiento traslada a Suma las denuncias o actas previamente grabadas en soporte electrónico así como entrega de informes emitidos, pruebas practicadas y demás peticiones en los plazos establecidos por ambas partes. La adopción de acuerdos o las resoluciones para la iniciación, instrucción o resolución de los procedimientos sancionadores corresponde a los órganos del Ayuntamiento que tiene atribuidas las competencias. Suma prepara las propuestas y resoluciones presentando los acuerdos a la firma del Órgano competente del Ayuntamiento.

Además, se confeccionó un modelario común a todos los Ayuntamientos, que incluye:

  • Boletines de denuncia (boletín electrónico) integrados en equipos móviles.
  • Decretos de incoación.
  • Propuestas de resolución.
  • Decretos sancionadores.
  • Resoluciones de recursos.
  • Edictos de publicación en el BOP (Denuncias, propuestas, sanción, recursos de reposición).
  • Notificaciones electrónicas (DEV, Sede electrónica o SICER).
  • Denuncias y Sanciones.
  • Notificaciones y carta de pago en red de Oficinas.
  • Medios de pago disponibles (oficinas, Internet, sede electrónica, Entidades colaboradoras).

2021: El Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. Sentencias del Tribunal Constitucional. Nuevo marco jurídico

En 1998 Suma amplía sus servicios a los ayuntamientos de la provincia ofreciendo la delegación de la gestión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Un impuesto voluntario que dejó de ser «pacifico» a partir de 2017. Como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional que anularon varios artículos del TRLRHL, la reforma del IIVTNU se materializó en el Real Decreto ley 26/2021, de 8 de noviembre, publicado en el BOE de 9 de noviembre 2021. Procedemos a un rápido repaso a estas sentencias:

  • Sentencia 59/2017: Declaró inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del TRLRHL, pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor.
  • Sentencia 126/2019: Declaró inconstitucional el artículo 107,4 del TRLRHL, respecto a los casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido.
  • Sentencia 182/2021: Declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL, relativos al método de cuantificación de la base imponible. Consideró que el sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, es ajeno a la realidad del mercado inmobiliario. Inconstitucionalidad y como consecuencia nulidad de la formula anterior de cálculo.

Para contextualizar el impacto que en la gestión tributaria llevada a cabo por Suma representó la cascada de sentencias y reformas legales del IIVNTU hemos de tener en cuenta que en 2021 Suma tenía ya delegada la gestión del Impuesto de 131 municipios de la provincia de Alicante, con sus respectivas Ordenanzas Fiscales y su casuística propia.

9.1 Efectos de la Sentencia 182/2021 en la gestión tributaria

Desde el fallo de la Sentencia 59/2017, en el que el Tribunal Constitucional dicta la primera Sentencia hasta octubre/2021, el Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sido el Impuesto local más recurrido. Debido también a la existencia de distintos criterios jurisprudenciales ante una misma situación. Ello generó una gran inseguridad jurídica tanto para la Administración como para los contribuyentes quienes recurrieron tanto por vía administrativa como por vía contencioso administrativa contra las liquidaciones y autoliquidaciones del IIVTNU.

Esto aumentó la inseguridad jurídica existente ante los distintos pronunciamientos judiciales donde, ante el mismo supuesto, dependiendo del Juzgado que entendía del recurso/reclamación emitía un fallo estimatorio o desestimatorio, sin fijar un criterio UNIFORME. Las diversas sentencias dieron pie a la presentación de forma indiscriminada de recursos contra las liquidaciones del IIVTNU y la consiguiente solicitud de devolución de las cuotas pagadas por este concepto.

El efecto de la reforma de la Ley, que supuso un incremento desmesurado de recursos y solicitudes de los ciudadanos, fue devastador para los ayuntamientos, que vieron cercenada uno de sus principales ingresos tributarios de los últimos años, y para los órganos de gestión, por razones obvias.

9.2 Medidas adoptadas por Suma

En cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 2019 y 2021, según el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

  • Anulación de las liquidaciones no consolidadas, no notificadas y/o notificadas con posterioridad a 26 de octubre de 2021.
  • Elaboración de un nuevo documento de declaración de IIVTNU.
  • Inicio del procedimiento de revocación de liquidaciones no firmes recurridas en vía contenciosa-administrativa.
  • Adaptación del modelario de resoluciones a la STC 182/2021, para las situaciones de solicitud de inexistencia de incremento.
  • Especificaciones para el desarrollo en el aplicativo informático de gestión para incluir las opciones de precálculo con la cuota de las dos fórmulas.
  • Confección de un modelo tipo de Ordenanza Fiscal adaptada al RDL 26/2021.
  • Celebración de una Jornada de Información a todos los Ayuntamientos de las modificaciones y sus efectos (ADDA 19/11/2021).

La diversidad de casuística, la variedad de alegaciones formuladas por los contribuyentes y la problemática existente ante los pronunciamientos judiciales obligó a los órganos de gestión a examinar caso a caso todos los recursos y reclamaciones (tarea que aún se lleva a cabo, aunque el volumen de entrada de recursos ha disminuido significativamente).

2024-2026 Adaptación de la Tasa de Residuos Urbanos a la "Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular"

Aún no nos habíamos recuperado del impacto de las reformas en el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuando un nuevo reto se presentó en el horizonte de la gestión tributaria: la adaptación de la Tasa de Recogida de Residuos Urbanos a la Ley 7/2022.

Ante la demanda de apoyo de nuestros ayuntamientos para realizar la necesaria transición legal, se diseñó un plan de adaptación de tarifas y ordenanzas fiscales que fue presentado a todos los ayuntamientos el 16 de abril de 2024.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Pretende extender el concepto de que «quien contamina, paga», reformando la Tasa de Recogida de Residuos en función de los residuos domésticos generados por los habitantes y por las actividades económicas. En su artículo 16 sobre Medidas e instrumentos económicos, establece que

«las autoridades competentes deberán establecer medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos, la reutilización y reparación, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los mercados de productos procedentes de la preparación para la reutilización y el reciclado, así como para que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas finalidades se establece un impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la co-incineración de residuos en el Título VII de esta ley.»

El Artículo 92 estipula que

«La base imponible estará constituida por el peso, referido en toneladas métricas con expresión de tres decimales, de los residuos depositados en vertederos, incinerados o co-incinerados.

3. Cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa, podrá hacerlo mediante estimación indirecta, conforme lo previsto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para la estimación indirecta de la base imponible, la Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos depositados…».

Aceptando la premisa de que resulta muy complejo conocer qué personas, hogares o actividades económicas producen una determinada cantidad de residuos y considerando que la Ley permite a las Administraciones establecer una «estimación indirecta» basada en el DATO, Suma diseñó su plan de actuación partiendo de datos conocidos y contrastables, datos de carácter objetivo y confiable, de forma que, una vez relacionado con otros, generen una información que priorice identificar qué o quienes producen una mayor cantidad de residuos y establecer el cálculo de la Tasa en función de ello. De este modo se busca alcanzar una tarificación obtenida con datos verificados que evite que se presenten constantes recursos contra el cálculo de las tarifas resultantes de la nueva configuración de la Tasa.

El Área de Gestión e Inspección Tributaria en colaboración con Asesoramiento Consultoría Técnica Municipal, en relación con el estudio técnico-económico necesario para el nuevo cálculo de la Tasa de Residuos y la redacción de un nuevo modelo de ordenanza fiscal ajustada a los nuevos requerimientos legales, partió de las siguientes fuentes de información disponibles en nuestra área de trabajo:

  • Padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles generado por Catastro y gestionado por Suma por delegación de las competencias de gestión de 139 ayuntamientos. Al ser la fuente de información alfanumérica más completa -referencias catastrales y objetos tributarios- se convirtió en la base sobre la que pivotaría la georreferenciación del resto de información alfanumérica; padrones, tasas, listas cobratorias, etcétera.
  • Padrón de habitantes. Suma realizó en los ayuntamientos una tarea previa en la que solicitaba información sobre el padrón de habitantes para conocer la localización de los usuarios e inmuebles afectados. Por ello, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modificaba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que modifica el artículo 57 incorporando la Referencia Catastral como dato obligatorio del padrón de habitantes, Suma realizó la tarea de georreferenciar el padrón de habitantes municipal con el fin de disponer de información relevante de apoyo a la implantación del nuevo sistema de cálculo de la tasa.
  • Padrón Tasa de Residuos, gestionado por Suma por delegación de las competencias de gestión de los ayuntamientos de la provincia y vinculado al IBI mediante la referencia catastral como herramienta de gestión integral en los tributos de la base inmobiliaria. Asignaba la referencia catastral a nivel de cargo (20 dígitos) siempre que ello fuera posible y a nivel de finca (14 dígitos).
  • Cartografía catastral, disponible gracias a los convenios de colaboración con la Dirección General del Catastro desde 1992. Se utiliza como base gráfica sobre la que trabaja el Sistema de Información Geográfica para relacionar sobre el territorio las diferentes bases de datos alfanuméricas. Se relacionaron con el Padrón del IBI de forma unívoca al 99%.
  • Superposición de Polígonos del Valor Catastral de Referencia, información disponible en la Sede electrónica del Catastro, se descargaron y se llevó a cabo la superposición sobre la cartografía catastral. El valor de referencia se determina, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante notario o inscritas en el Registro de la Propiedad, y obtenidos en el marco de los informes anuales del mercado inmobiliario que elabora la Dirección General del Catastro. Estos módulos se asignan a los productos inmobiliarios representativos por zonas del territorio llamadas ámbitos territoriales homogéneos de valoración, y se corresponden con los precios medios de las compraventas. Estas zonas «homogéneas de valoración» permitieron una primera caracterización de polígonos como apoyo al nuevo cálculo de la Tasa de Residuos por métodos indirectos. Posteriormente, tanto el número de polígonos como el área que abarcan, evolucionaron en función de los datos que íbamos añadiendo (número de habitantes empadronados, número de contenedores por zona, etcétera).
  • Ortofotografía aérea actualizada en 2023. Una vez volcados los resultados sobre la cartografía catastral, revisamos el resultado y su ajuste a la realidad territorial. Por ejemplo, cuando los datos de algún Padrón resultaban defectuosos y marcaban el objeto tributario georreferenciado sobre un solar sin construcción o se producían «apiñamientos».

Este trabajo también permitió la detección de omisiones mediante «minería de datos». Obtener datos alfanuméricos de diferentes padrones y relacionarlos mediante la referencia catastral para detectar aquellos objetos tributarios, inmuebles o titularidades que, estado obligados a ello, no tributan en alguno de los impuestos y tasas gestionados por Suma.

Una vez definida la zonificación incluimos la categoría de la Vía Pública en cada uno de municipios, y se actualizó en la Tabla de Tarifa las distintas categorías de calles, para la correcta exacción de los recibos de viviendas en cada una de las distintas zonas asignadas por los municipios en la Ordenanza Fiscal.

El modelo de estudio técnico económico fue presentado a los ayuntamientos en abril del 2024, junto al modelo de ordenanza fiscal. Durante todo el ejercicio 2024 y en 2025 al amparo de lo establecido en los artículos 11.3 ley 7/2022 y 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Suma elaboró estudios técnicos económicos individualizados, según los datos de cada municipio, los cuales fijaban y justificaban los criterios para la aplicación del principio de «quien contamina paga», la estimación de los costes totales, las modalidades de reparto, las reglas de cálculo de las cuotas y la cobertura de los costes con los ingresos estimados. Además, se confeccionó un EXCEL que permitía a los ayuntamientos simular un análisis económico con los nuevos índices y criterios de cálculo disponibles.

Suma recibió durante 2024 la solicitud de colaboración en la tarea de georreferenciar los padrones de habitantes de 125 municipios, el encargo de colaboración para la adaptación de la Tasa de 115 municipios y la elaboración de 74 informes técnicos.

Desde sus orígenes como servicio de recaudación de la Diputación, centrado en la Recaudación ejecutiva, pasando por el inicio de la Gestión tributaria en Suma en 1991 hasta el día de hoy, el crecimiento de este organismo se puede resumir en los datos que demuestran la confianza de los ayuntamientos.

Así al cierre del año 2025 Suma tiene 1.182 delegaciones de los ayuntamientos, cuyo desglose responde a la siguiente distribución:

  • En la gestión integral, además del IBI e IAE, IVTM, IIVTNU, ICIO, TRRU, Tasa del 1.5, Tasa de Alcantarillado, Tasa de entrada de vehículos y otras tasas como son las Tasas de cajeros, de licencias de apertura, de licencias urbanísticas y cuotas urbanísticas dentro del ámbito de la gestión tributaria integral.
  • En materia de inspección, además del IAE, se incluye el IIVTNU, el ICIO, las Licencias de apertura y las licencias urbanísticas.
  • En sanciones, se incluyen las sanciones de tráfico, administrativas y urbanísticas.
  • Autoliquidaciones de gestión municipal y la recaudación de otros ingresos de derecho público.

Unos datos que ponen de manifiesto la consolidación de Suma como entidad gestora de tributos en el ámbito provincial y como uno de los organismos referentes a nivel nacional en esta materia.

IRALA GALÁN, J. A. Y DE JUAN NAVARRO, M. «La gestión, inspeccion y doctrina administrativa del Impuesto sobre Actividades Económicas.» Editorial Civitas, 1996.

BELMONTE MARTÍN, I. «Una estrategia de modernización administrativa en el ámbito local: el estudio de Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Alicante (1990-2013)», Universitat d’Alacant, Tesis doctoral, 2014. rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/7367570b-d6d9-4283-a625-094a99dea0b0/content.

Memorias Suma. suma.es/memorias.

FORO ÁGORA FEMP. agora.femp.es/.

Información relacionada

Subir Bajar